El artículo 50 de nuestra Constitución Política señala que “el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, que en armonía con el artículo 74, reconoce que los derechos de la ciudadanía se construyen a la luz de la justicia social, en el marco de una política permanente de solidaridad nacional.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica reconoce que en nuestra sociedad persisten aún situaciones de discriminación e inequidad hacia las mujeres, aún prevalecen y están asociadas a la lenta transformación de una cultura androcéntrica que naturaliza la obligación de las mujeres a ciertas áreas ligadas a la carga de trabajo doméstico, el cuido, condiciones para el ejercicio de la carrera profesional, entre otros.
Comprendemos que la crisis económica nos obliga hacer un replanteamiento profundo de muchas áreas productivas, las cuales han sufrido los embates de los efectos de la pandemia, que ya hoy los científicos con certeza le llaman sindemia.
Pero hoy reconocemos que la pandemia ha afectado con más intensidad a las mujeres, debido a las características de su empleo, muchos de ellos informales, por cuenta propia y vinculada al sector servicios, que han doblegado su rol en la sociedad.
El riesgo de aumentar la edad de las mujeres para pensionarse vendría a invisibilizar las trayectorias interrumpidas de las mujeres, no solo por el cuido, sino también por el trabajo no remunerado y el cambio en las categorías ocupacionales, así como otras condiciones laborales como la brecha salarial que las penalizan al momento de obtener su pensión.
El avance en los derechos humanos continúa siendo un reto en la sociedad costarricense, pero hoy se anuncia un embate hacia las mujeres en el tema de la seguridad social, negando los instrumentos de incalculable valor legal, el análisis de sus intereses y particularidades, desde la perspectiva de las mujeres.
El derecho a la salud de las mujeres se está poniendo en riesgo con estas medidas que se proponen. Considerando las barreras en el acceso, la disponibilidad, la adaptabilidad a la realidad de las mujeres y la calidad de los servicios que ellas supondrían para una parte importante de la población del país. Poniendo así en peligro el derecho a la salud, el acceso a los servicios y provocando con ello un retroceso en el camino a la equidad de género.
La Junta Directiva y su Comisión de Género exhortan a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social a mantener la edad de retiro de las mujeres, como medida de acción afirmativa en materia de seguridad social por la cual el país ha apostado, para alcanzar la igualdad sustantiva.
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