Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestra profunda preocupación por los femicidios ocurridos en el país, cuya persistencia e incremento evidencian la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad urgente de fortalecer las respuestas institucionales, sociales, jurídicas y educativas frente a esta problemática.
Cada femicidio constituye una pérdida irreparable de una vida humana, así como una afectaciónprofunda para una familia, una comunidad y la sociedad en su conjunto. No se trata de hechos aislados nide conflictos privados, sino de la expresión más extrema de la violencia basada en género y de ladiscriminación estructural que históricamente ha limitado el acceso igualitario de las mujeres al ejercicio plenode sus derechos.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia delPoder Judicial, entre los años 2007 y 2025 se registraron 547 femicidios en Costa Rica, lo que representa,en promedio, una mujer asesinada por razones de género cada doce días. Asimismo, las cifras reflejan unincremento relevante a partir del año 2022, con un máximo histórico de 44 femicidios en 2024 y 36casos en 2025. Estos datos obligan a reconocer que el país enfrenta una situación alarmante que no puede ser normalizada ni minimizada.
Desde una perspectiva jurídica, Costa Rica ha asumido obligaciones internacionales vinculantes mediante la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos reconocen que la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación que menoscaba o anula el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En ese marco, el Estado costarricense tiene el deber reforzado de actuar con debida diligenciapara prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Esta obligación no se agota enla respuesta penal posterior al delito, sino que exige identificar oportunamente factores de riesgo, activarmecanismos efectivos de protección, garantizar seguimiento institucional y evitar que las amenazas,agresiones o incumplimientos de medidas cautelares evolucionen hacia consecuencias irreparables.
Desde el ámbito victimológico y criminológico, resulta indispensable comprender que el femicidiosuele ser la etapa final de una escalada de violencia. En muchos casos existen señales previas, talescomo amenazas, control coercitivo, agresiones psicológicas o físicas, violencia patrimonial, aislamiento, persecución, incumplimiento de medidas de protección o antecedentes de violenciasimbólica y material. La falta de una valoración integral y oportuna de estos indicadores puede aumentar lavulnerabilidad de las víctimas y generar formas de revictimización institucional.
Por ello, cada femicidio debe ser analizado no solo desde la responsabilidad penal individual, sino también desde una perspectiva de prevención. La autopsia social permite reconstruir la historia previa de violencia, identificar omisiones, valorar rutas institucionales, reconocer fallas de coordinación y fortalecer los mecanismos de protección. Comprender esa dimensión implica asumir que la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres no inicia con la sanción del agresor, sino con la capacidad del Estado y de la sociedad para reconocer el riesgo y actuar antes de que la violencia alcance un desenlace fatal.
La Recomendación General N.º 35 del Comité CEDAW reafirma que la violencia por razón de génerocontra las mujeres perpetúa condiciones de subordinación y desigualdad, y exige a los Estados adoptarrespuestas integrales, oportunas y efectivas. La tolerancia, omisión o insuficiencia de las respuestasinstitucionales puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
En igual sentido, la Convención de Belém do Pará reconoce el derecho de toda mujer a vivir una vida librede violencia y obliga a los Estados a actuar con debida diligencia frente a hechos de violencia basada en género. Este deber adquiere especial relevancia cuando existen indicadores previos de riesgo,antecedentes de agresión, amenazas, represalias o incumplimiento de medidas de protección.
También resulta necesario advertir que los discursos de odio, las expresiones misóginas y lasnarrativas que banalizan o justifican la violencia contra las mujeres contribuyen a crear un entorno social detolerancia e impunidad. La libertad de expresión no ampara la apología del odio que incita a ladiscriminación, la hostilidad o la violencia. Por ello, las autoridades públicas, los medios decomunicación, los lideres sociales y la ciudadanía tienen una responsabilidad ética y democrática en la construcción de discursos respetuosos de la dignidad humana y de la igualdad.
La respuesta frente al aumento de los femicidios no puede limitarse a la agravación de penas. La experiencia demuestra que la protección efectiva de las mujeres requiere políticas públicas integrales, sostenidas y evaluables, orientadas a la prevención temprana, la educación en igualdad, la atención especializada, el acceso real a la justicia, la protección de las víctimas, el seguimiento de las medidas dictadas y la asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y presupuestarios.
Asimismo, es imprescindible incorporar una perspectiva interseccional que reconozca lascondiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan mujeres indígenas, migrantes,afrodescendientes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, niñas, adolescentes, mujeres quehabitan en zonas rurales y aquellas que viven en contextos de exclusión social. Las múltiples formas dediscriminación pueden aumentar el riesgo de violencia y limitar el acceso oportuno a los servicios deprotección y justicia.
Por lo expuesto, el Gremio de Abogados y Abogadas de Costa Rica hace un llamado urgente a losPoderes de la República, a las instituciones públicas, a la academia, a los medios decomunicación, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para asumir el aumento de los femicidios como una grave afectación a los derechos humanos de las mujeres, a la democracia y al Estado deDerecho.
Abogamos por una transformación profunda de las estructuras culturales, políticas, educativas y jurídicas que reproducen la desigualdad y legitiman la violencia contra las mujeres. La erradicación del femicidio exige una respuesta firme, articulada y sostenida, pero también un compromiso social impostergable con la igualdad, la dignidad humana y el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia.