El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su preocupación ante las discusiones relacionadas con la posibilidad de grabar las conversaciones entre personas privadas de libertad en condición de máxima seguridad y sus abogados defensores.
El Colegio recordó que la confidencialidad entre abogado y cliente constituye una garantía esencial del derecho de defensa, del debido proceso y del Estado constitucional de derecho, principios protegidos tanto por la Constitución Política como por instrumentos internacionales de derechos humanos.
“El secreto profesional no constituye un privilegio personal de los abogados, sino una garantía fundamental que protege el derecho de defensa y a toda persona sometida a un proceso judicial”, indicó la Dra. Angie Arce Acuña, prosecretaria de la Junta Directiva, con base en los criterios emitidos por la Comisión de Derecho Penal.
La organización advierte que debilitar la confidencialidad profesional entre defensor y defendido podría afectar directamente la independencia del ejercicio de la abogacía.
Si bien el Colegio reconoce la importancia de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger la seguridad ciudadana, insiste en que las medidas impulsadas por el Estado deben mantenerse dentro de los límites constitucionales y respetar los derechos fundamentales.
“El combate a la criminalidad no puede significar el debilitamiento de principios esenciales que sostienen nuestro sistema democrático y el acceso efectivo a la justicia”, indicó la Dra. Arce.
El Colegio resalta su disposición de colaborar de manera propositiva con el Poder Ejecutivo, tal y como lo ha hecho con el Poder Legislativo mediante el impulso de proyectos de ley en materia de seguridad, muchos de los cuales ya fueron aprobados como parte de la lucha contra el crimen organizado.