• La denuncia se relaciona con acuerdos de la Junta Directiva 2024-2025 que redujeron de 80 a 70 puntos la nota mínima de aprobación del examen y extendieron su aplicación de forma retroactiva.
• La Fiscalía identificó posibles irregularidades en decisiones adoptadas sin la autorización de la Asamblea General, pese a las advertencias de instancias jurídicas y académicas.
• La acción judicial busca determinar eventuales responsabilidades por los delitos de prevaricato, fraude de ley e incumplimiento de deberes.
San José, 27 de octubre, 2026. La Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la reducción de la nota mínima de aprobación del examen de idoneidad profesional, acordada por la Junta Directiva 2024-2025, y sus consecuencias en los procesos de incorporación al Colegio.
La denuncia surge de una revisión iniciada en enero de 2026 sobre los acuerdos 05-2025 y 06-2025, del 4 y 11 de febrero de 2025, respectivamente. Mediante estas decisiones, la anterior Junta Directiva redujo de 80 a 70 puntos la nota mínima de aprobación y posteriormente extendió la medida, de forma retroactiva, a personas que habían realizado el examen durante los diez años anteriores y obtenido calificaciones superiores a 70 puntos. Esto dio lugar a incorporaciones bajo criterios distintos a los establecidos en el reglamento institucional.
Modificación de requisitos sin autorización de la Asamblea General
Según la Fiscalía, la Junta Directiva habría excedido sus competencias al modificar un requisito cuya aprobación correspondía a la Asamblea General, máximo órgano del Colegio, pese a las advertencias del Departamento Legal y del Comité de Examen de Excelencia Académica (CEEA) de 2024 sobre la necesidad de contar con dicha autorización.
La revisión también contempló los cambios en la integración del CEA y su posterior participación en el proceso que respaldó la modificación. Asimismo, se analizaron las advertencias formuladas en marzo de 2025 por la entonces vicepresidenta de la Junta Directiva, quien manifestó su oposición a la medida por considerar que contravenía la normativa institucional.
“Esta Fiscalía tiene la obligación de actuar con independencia y objetividad. La revisión de los acuerdos y sus antecedentes permitió identificar elementos que deben ser conocidos por las autoridades judiciales. Nuestro propósito es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a derecho”, manifestó Dewin Brenes, fiscal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Investigación de posibles responsabilidades penales
A partir del análisis efectuado, la Fiscalía considera que las actuaciones podrían configurar los delitos de prevaricato, fraude de ley e incumplimiento de deberes. La denuncia comprende actuaciones atribuidas a integrantes de la anterior Junta Directiva y otras autoridades vinculadas con el proceso, incluido quien ejercía la Fiscalía durante ese período.
“Cuando se trata de requisitos para el ejercicio profesional, el respeto a la normativa no es opcional. Las autoridades institucionales tenemos la responsabilidad de garantizar que las decisiones se adopten dentro del marco legal y con pleno respeto a las competencias de cada órgano”, señaló Brenes.
El fiscal destacó que esta acción responde al deber de fiscalización y control institucional, independientemente de las autoridades involucradas, y busca que las instancias judiciales determinen las eventuales responsabilidades.
Protección de la ciudadanía y confianza pública
La Fiscalía subrayó que el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional trasciende el ámbito administrativo, pues constituye una garantía para la ciudadanía y contribuye a preservar la credibilidad del ejercicio de la abogacía.
“La ciudadanía tiene derecho a confiar en que quienes ejercen la abogacía cumplen con los requisitos establecidos. Proteger la integridad de los procesos de incorporación es también proteger la credibilidad del gremio y la confianza pública en nuestra profesión”, agregó Brenes.
Corresponderá a las autoridades judiciales investigar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades, con pleno respeto al debido proceso.
Con esta acción, la Fiscalía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la protección de los mecanismos que garantizan la idoneidad de quienes ejercen la abogacía en Costa Rica.
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Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas presenta denuncia penal por rebaja de nota mínima del examen de idoneidad profesional
