La necesidad de transformaciones importantes en el Poder Judicial costarricense y en sus metas institucionales está a la orden del día. El cuestionamiento más importante de la ciudadanía tiene que ver con la lentitud, la ineficiencia o la mala calidad del servio público de la administración de justicia. El problema es de tal magnitud que se refleja en los bajos niveles de aceptación popular que nuestra institución recibe en encuestas nacionales -cercano apenas al 10% de positividad-, o en la recurrente crítica que, sobre todo a través de los medios de comunicación masivos, se dirigen respecto a aspectos generales o puntuales del servicio que se presta. El tema resulta de tanta trascendencia que incluso, desde la instancia política, se habla de intervenciones y "limpiezas" que llevarían a cabo, sobre el judicial, otros poderes de la República.

Desde nuestra perspectiva el asunto es tan delicado, que debemos abordarlo con el cuidado del cirujano que interviene la columna vertebral de un organismo. Hay dos grandes vertientes que deben atenderse: la cuestión referida a la reforma organizativa y funcional del Poder Judicial, cuyo tema central se refiere al gobierno y administración de esta entidad pública; y el segundo a la transformación y modernización de las leyes procesales y sustantivas que se aplican.

Sería absolutamente injusto desconocer los esfuerzos que en ambos sectores se han realizado desde hace muchos años en nuestro Poder Judicial. Desde la conquista constitucional del 6% del Presupuesto Nacional para cubrir sus necesidades, logro que se acerca a los cincuenta años de vigencia, pasando por una inversión enorme en infraestructura y capacitación de su personal, hasta los esfuerzos hechos en los últimos años por dotar de computadoras y sistemas modernos de comunicación a todo el sistema judicial, así como las reformas en la jurisdicción constitucional o procesal penal; o la instauración de una carrera profesional debidamente reglamentada para los jueces, que les asegure estabilidad laboral e independencia plenas. Todos estos esfuerzos han colocado al Poder Judicial costarricense muy por encima del promedio regional y sigue siendo ejemplo a imitar por otras naciones, según criterio de expertos y organismos internacionales.

Tampoco se puede desconocer que a través de su historia, a este poder de la República se le han ido imponiendo tareas y cargas nuevas que hoy lo tienen en el límite de sus posibilidades, y con exigencias presupuestarias que desbordan el mínimo constitucionalmente garantizado. De hecho, en los períodos fiscales de los últimos tiempos, ha sido indispensable un 7% del presupuesto nacional y se prevé hasta un 9% para los años futuros. Nuevas entidades como el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, para citar sólo las más relevantes; nuevas jurisdicciones de la talla de la Sala Constitucional, así como el crecimiento normal de oficinas administrativas y jurisdiccionales a lo largo y ancho de todo el país, han hecho que bajo el alero del Poder Judicial crezcan fecundas responsabilidades y tareas novedosas, que hay que atender, y para lo cual se requieren cada vez más recursos.

Por su parte, si bien algunas áreas jurisdiccionales, como la penal, y quizá por el impacto social que esta materia tiene, ha experimentado importantísimas trasformaciones desde hace treinta años, en orden a la modernización y agilización de sus procedimientos por medio de la oralidad y publicidad; lo cierto es que otras ramas del derecho, igualmente importantes, se han visto rezagadas y todavía arrastran sistemas procesales y leyes sustantivas anacrónicas e ineficientes.
Está claro que no se trata tan solo de introducir formalmente los profundos cambios que en ambos terrenos se demandan con vehemencia. No se trata de los cambios legales o, incluso constitucionales, que vengan a reorganizar al Poder Judicial o a dotarlo de legislaciones más acordes con los tiempos y con las exigencias ciudadanas. Todo proceso de transformación institucional requiere no sólo de un liderazgo intelectual, sino también de un indispensable liderazgo moral. Personalmente me correspondió hacer mi modesto aporte a la última reforma procesal penal en Costa Rica, y en ese movimiento, fue el peso intelectual de juristas como Luis Paulino Mora, Daniel González y Alfonso Chaves, los que, entre muchos otros, dieron las luces suficientes para que la reforma estrictamente legal fraguara y se convirtiera en realidad. Pero fue básicamente, la intachable rectitud profesional de estas personas las que generaron la suficiente confianza para ponernos a todos a tono con los cambios que había que hacer, cualquiera fuera el sacrificio y costo que la tarea demandara.

Ciertamente, no todos los esfuerzos que se han hecho en uno u otro ámbito susceptible de reforma, ha tenido éxito. Estoy convencido que en el tema de lo que ha dado en llamarse "megadespachos", sin volver al pasado, hay importantes correctivos que imponer con la mayor brevedad posible. También es cierto que, en otro orden de ideas, hay que realizar, también con prontitud, una redistribución funcional que releve a la Corte Plena de una serie de tareas menores y simultáneamente signifique el afianzamiento de una Consejo Superior que, reforzado y con mayor representatividad democrática, asuma las tareas de gobierno y administración del Poder Judicial. Hay que darle al cuerpo de jueces nacional la posibilidad de nombrar directamente a sus representantes en ese organismo. También hay que entrarle al tema de la redefinición y reubicación institucional, que toque el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, la Dirección de Notariado, la Sala Constitucional, etc. Me parece que en la descentralización y autonomía económica, más que en la independencia total, puede estar la clave para resolver el tema de estas instituciones. La promulgación de un Código General, de una ley procesal para lo Contencioso-Administrativo y otra para lo laboral, según lo ha diseñado ya un acuerdo de la Corte Plena, vertebrados a partir de la oralidad, puede igualmente ser aportes que ayuden de manera importante en la modernización de la administración de justicia. En este punto, la discusión y definición de los proyectos, así como las previsiones económicas de lo que su implementación va a significar, son aspectos que no pueden dejarse de lado a la hora de llevar de concretar estas transformaciones. La reforma al régimen disciplinario y de la Inspección Judicial, en dirección a conformar un Tribunal por jueces experimentados, a plazo fijo y no indefinido como lo es ahora, y en orden, en lo sustantivo, a garantizar la independencia del Juez en tanto garante de los derechos del ciudadano, constituye otra área de reforma que no puede seguir esperando. Y en fin, el fortalecimiento de la carrera judicial, la instauración de programas de capacitación, tanto iniciales como de formación continua, así como el otorgamiento de becas de postgrado, en el ámbito nacional como en el internacional, podrán seguir dando vigencia a un cuerpo de jueces especializados, de sólida formación académica y que aseguren la vigencia de un Poder Judicial vigoroso y garante la institucionalidad democrática del país.

En definitiva, la ciudadanía, los abogados litigantes y los funcionarios públicos vamos todos en el mismo barco. En lugar de propiciar las luchas sectoriales o incluso personales, debemos unir esfuerzos alrededor de lo que está claro, a saber, la necesidad de impulsar los cambios que mejores, humanicen y hagan más eficiente la administración de justicia. En todo caso, ninguna de estas transformaciones va a ser posible, sin la participación activa y transparente de todos los involucrados, los jueces y los ciudadanos y profesiones que demandan este servicio; el Colegio de Abogados y sus agremiados; por supuesto las instancias legislativa y ejecutiva del República y sin duda, todas las organizaciones ciudadanas por medio de las iniciativas colectivas o individuales que puedan colaborar en esta importantísima tarea democrática.

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