"Alberdi decía que su país (Argentina) tenía más necesidad de ingenieros que de abogados, nuestros gobernantes, todos abogados, pensaban exactamente lo contrario". Esta frase pertenece al libro de José Luis Vega Carballo "Orden y Progreso: la formación del Estado Nacional en Costa Rica" el cual es uno de los muchos que habla sobre el papel jugado por juristas y notarios en la creación -entre otras cosas- de la identidad nacional.

Esta obra legitimadora se manifestó a través de diferentes formas: el estudio de la historia y la geografía como forma de asegurar las fronteras; la creación de instituciones nacionales, la guía del país desde los puestos de Gobierno y por supuesto, la expansión consecuente de la profesión. Aunque intrincado, este proceso es fácilmente ejemplificado con la supervivencia de la Facultad de Derecho a la Universidad de Santo Tomás, lo que la convierte en el claustro universitario más viejo del país.

El mantenimiento y la expansión del Derecho como profesión, el cual ha tenido hasta el presente un auge sin parangón al resto de Latinoamérica, se convirtió desde el principio en una "cuestión" a la cual era necesaria dar seguimiento de la misma forma diligente en la que protomedicatos y academias daban seguimiento a sus miembros. Brevemente, el número era bueno, el tiempo correcto y la necesidad imperiosa: Costa Rica estaba lista para un Colegio de Abogados.

Es por supuesto necesario recordar algunas de las características propias de esta asociación, mismas que diferencian al nuestro de los cuerpos similares en el extranjero. Y la más notable de éstas se encuentra en su propia fundación: aunque oficialmente el 12 de Octubre de 1887, con la promulgación de la primera Ley Orgánica del Notariado, que se reconoce de jure la existencia del Colegio de Abogados de Costa Rica, la institución ya tenía seis años de funcionar. Por cierto que ésta, cuya principal función continua siendo la perpetua vigilancia en el desempeño de la profesión, había nacido el 6 de Julio de 1881 en el seno de la primera asociación de profesionales en Derecho, quienes buscaban a través de distintas formas asegurar la calidad de aquellos que buscasen convertirse en practicantes del oficio.

Podemos afirmar con esto que el Colegio de Abogados nació como una institución de carácter gremial, la cual buscaba centralizar la práctica del Derecho en torno a sí misma, pues con razón y más allá de la coyuntura histórica y los procesos envueltos en su creación, únicamente había que lanzar una mirada al origen tan variado de los abogados para comprender las necesidad fiscalizadora de la corporación.

En efecto, la necesidad de hombres preparados había traído a practicantes de la Ley desde el Caribe, Sur y Centro América de forma paralela al éxodo de nacionales que buscaban prepararse en las Universidades extranjeras. Basta con citar los nombres de algunos de quienes fueron miembros de la primera junta directiva: Antonio Zambrana, abogado cubano que se encargó de los asuntos del Gral. Antonio Maceo cuando pasó por Costa Rica; Ascensión Esquivel, Presidente de la República en el período 1902-1906 nacido en Rivas y educado en Nicaragua, al igual que el primer Presidente de la hoy centenaria institución, el cartaginés Eusebio Figueroa Oreamuno.

Nacido en Cartago en mayo de 1827, quien fuere el primer Presidente de la institución que agremiaba a los baluartes del Estado Costarricense irónicamente fue nieto del el primer golpista de la historia nacional: el monárquico Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, ente protagónico de la Batalla de Ochomogo, primera guerra civil del país.

Doctorado en Derecho en la Universidad Oriental de Nicaragua -pues las otras opciones eran la Universidad de León o la de San Carlos en Guatemala- antes de volver a Costa Rica desempeñó gran cantidad de puestos públicos en aquel país, entre ellos un escaño en la Cámara de Representantes, así como varias Secretarias de Estado en nuestro país durante los gobiernos de Jesús Jiménez y Bernardo Soto. Sería precisamente durante su ejercicio en esta administración que murió durante un duelo en contra de León Fernández Bonilla. Era el 11 de agosto de 1883.

Pero regresando al Colegio de Abogados, la institución que comenzó su tarea como un ente gremial y corporativo destinado a vigilar la práctica del derecho -y que dentro del largo proceso se convertiría en una de las instituciones fundamentales en la consolidación de una aplicación independiente de la justicia- ha visto, como debe hacerlo todo organismo vivo y dinámico, la necesidad de replantear sus funciones, ampliarlas y diversificarlas con el fin de mantenerse vigente dentro del cambiante paradigma social, demostrando así que de cara a un nuevo milenio, la centenaria institución se yergue y sobrevive con todas las de la Ley.

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