La historia del derecho costarricense se remonta a la época colonial, cuando la función notarial consistió fundamentalmente en que los profesionales en Derecho se preocuparan por la buena asesoría legal, para el todo ciudadano costarricense.

Y entre 1561 y 1562, llega a Costa Rica el primer escribano mayor de la ciudad de Castilla de García Muñoz, el distinguido señor Francisco Ruano. Esté y otros escribanos públicos de cabildo, de gobernación, notariales, o eclesiásticos, tales como, Gaspar de Chinchilla, Jerónimo Felipe, Luis Machado, Manuel de Flores se hicieron cargo de la importante función notarial.

En este momento queda en manos de los escribanos del gobierno, de los alcaldes y jueces cartularios, hasta el 12 de octubre de 1887 fecha en que promulga la primera Ley Orgánica del Notariado que instaura que el notariado será ejercido por los notarios públicos que soliciten ese título ante el Colegio de Abogados, el cual lo extendería automáticamente a los Licenciados y Bachilleres en Leyes, y otras ciencias, pero tal incorporación se realizaría bajo el requisito de un previo examen práctico en la materia de Derecho Civil.

Pero ante todo, es necesario recordar que es realmente en 1881 cuando nació en Costa Rica, la primera asociación de profesionales en Derecho, lo que hoy conocemos como, el Colegio de Abogados de Costa Rica.

Es durante la sesión de la Junta Directiva del Gremio celebrada del día 7 de diciembre de 1887 cuando se solicitan y conceden títulos de abogados notarios a los Licenciados Quirós Flores, Orozco González y otros, por reunir las condiciones que la ley exigía. Los solicitantes prestaron su juramento constitucional y se convierten en los primeros abogados de Costa Rica.

Las condiciones que la ley exigía al solicitante para obtener dicho título era el de realizar un examen previo y privado. Lo hace constar en el acta de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 9 de abril de 1890, donde se estipula y ratifica la necesidad práctica de examen previo para conceder el título de notario.

El Colegio de Abogados siempre ha respaldado el papel de la mujer e igualdad real y su participación profesional como abogada que se inicia en el 6 de julio de 1925 y a solicitud de la señora Angela Acuña Brown, dándosele acogida a la Reforma de la Ley Orgánica del Notariado, donde las mujeres pueden optar el título de Notarias Públicas. Y la primer mujer abogada que obtiene el título de notaria pública en Costa Rica en 1947, es concedido a Licenciada Virginia Martén Pagés.

Actualmente tales obligaciones y responsabilidades están tuteladas por la Ley Orgánica del Notariado y se encuentran reguladas por diversas leyes especiales, tales como: el Código Penal, Código Civil, etc. Sus contribuciones recaudadas mensualmente, se destinarán para el óptimo mantenimiento físico del Colegio y otros, así como los que realizan por medio de la compra de los timbres de abogados.

El compromiso del Colegio de Abogados es de vital importancia para el ciudadano, porque en él encuentra el asesoramiento legal para satisfacer sus intereses personales. Sin duda el Colegio de Abogados a través de sus agremiados es depositario de la Fe pública y del correcto ejercicio de la profesión, bajo dos condiciones elementales: sabiduría y honradez.

Así, el gremio de los Abogados retoma su protagonismo histórico y se pone del lado de las personas sedientas de justicia, para evitar que sean víctimas del engaño de los astutos, y responde como el cuidador de los bienes o derechos del ciudadano.

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